Por Adriana Gómez Muñoz, periodista feminista jubilada 
¿A las personas mayores nos debe importar el proceso de la nueva Constitución Política que regirá en nuestro país en los próximos años? ¿Debemos interesarnos e involucrarnos activamente en las discusiones ciudadanas que este concita, o quizás es mejor mantenernos al margen y evitar “calentarnos la cabeza”?
Pues la respuesta es que sí, debe importarnos y mucho en tanto somos, más allá de nuestra edad u otra condición, parte intrínseca de una sociedad que avanza a cambios profundos que nos impactarán positivamente como colectivo. No podemos restarnos sino sumarnos urgente al proceso, aportando al debate en temas que nos afectan específicamente: derecho a la salud, derecho a jubilaciones dignas, derecho a la vivienda, derecho al cuidado, derecho al trabajo, derecho al ocio y la recreación, derecho a participar y a que nuestras voces sean escuchadas y tomadas en cuenta. Basta de ser invisibles, seamos actrices y actores del devenir del país.
Al leer y estudiar la propuesta que será votada el próximo 4 de septiembre, lo primero que resalta es que por primera vez en la historia constitucional del país se incluye un artículo específico -el No. 33- que reconoce, que nombra a las personas mayores “como titulares de derechos establecidos en esta constitución y en los tratados internacionales de DDHH ratificados y vigentes en Chile” (ojo con ello, pues pocas personas, organizaciones e incluso pocas autoridades han profundizado, por ejemplo, en los contenidos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por nuestro país en 2017, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria).
Es necesario valorar este Artículo 33 en toda su trascendencia: nunca antes se había nombrado explícitamente en un texto constitucional, es decir, un texto que sienta los principios básicos de organización del Estado, a las personas mayores en su amplia diversidad. Somos reconocidas, somos nombradas, existimos. Esto constituye, por lo tanto, una razón más que suficiente como para votar Apruebo, y hacerlo con entusiasmo y esperanzas. Sin miedos.
El Artículo 33, asimismo, señala que las personas mayores “tienen derecho a envejecer con dignidad, a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, a la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural y digital, a la participación política y social, a una vida libre de maltrato por motivos de edad, a la autonomía e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos y salvaguardias que corresponda” …
¿Qué significa esto? Pues, simple y rotundamente, que las personas mayores, viejas, tenemos derecho a una vida digna, a una vida buena, a una vida donde seamos respetadas y tratadas en condiciones de igualdad y sin discriminación de ningún tipo, lo que hoy, sabemos muy bien, no ocurre. La pobreza, la exclusión, el abandono y la desprotección es la realidad de miles y miles de personas que transitan la vejez. Hay vejeces buenas, por supuesto que las hay, sobretodo si tienes condiciones materiales para satisfacer necesidades como casa, salud, comida, recreación, cultura… pero no es la realidad de la mayoría.
Y no olvidemos que en la medida que el texto constitucional propuesto reconoce al Estado chileno como un Estado social de derechos -fin del ominoso Estado Subsidiario- se entiende como responsable de “respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales, sin discriminación, así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan su realización”. Artículo 19.
Asimismo, el Art. 117, numeral 3, sostiene que el “Estado promoverá el ejercicio activo y progresivo, a través de los distintos mecanismos de participación, de los derechos derivados de la ciudadanía, en especial en favor de niñas, niños, adolescentes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, personas mayores y personas cuyas circunstancias o capacidades personales disminuyan sus posibilidades de ejercicio”. Una vez más, se nos nombra.
Por último, no se puede dejar de mencionar los Artículos 49 y 50 propuestos en el texto constitucional que aluden al Derecho al Cuidado. No solo se reconoce la importancia trascendental del mismo, sino también el hecho de que ha sido realizado sin valoración y con un sesgo marcado en las mujeres como responsables. Mujeres de todas las edades que han dejado de trabajar en el mercado laboral formal y han dejado de descansar para cuidar y atender a otras personas. El costo ha sido inmenso, y el país se ha beneficiado de este esfuerzo marcado por el sesgo de género, y se ha visto como natural que sea así. Un trabajo por “amor”, se dice, pero sin paga. Se propone, por lo tanto, un Sistema Integral de Cuidados de carácter estatal que resolverá, precisamente, esta demanda de cuidados y que hasta ahora no tenía abordaje en las políticas públicas. Pero, asimismo, se reconoce que toda persona tiene Derecho al Cuidado, lo que es relevante tomando en cuenta que la necesidad de atención y cuidados sin duda aumenta en la medida que las personas envejecen, y requieren apoyo, asistencia y atención. No pueden quedar en abandono.
Chile es un país que envejece aceleradamente, siendo el segundo a nivel latinoamericano con mayor envejecimiento de su población. Así, se estima que en 30 años más una de cada cuatro personas será mayor de 60, con todos los desafíos que eso implica. Desafíos en términos de políticas públicas y programas, de legislaciones, de cambios culturales y sociales que den cuenta de la realidad. La propuesta de nueva Constitución se hace eco de ello y explícitamente nos nombra y nos hace titulares de derechos humanos, es decir, avanza en la senda correcta y necesaria. Las vejeces existimos, sentimos, vivimos, tenemos voz. Aquí estamos.
Ni tengo dudas ni temores, solo esperanzas y certezas. Como mujer mayor, este 4 de septiembre voto APRUEBO.
