Desprotección estatal de la salud mental de las personas de 60 años y más: Nada nuevo bajo el sol

El 16 de marzo del presente año el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) publicó datos sobre los motivos de consulta del Fono Mayor, los que posteriormente fueron informados junto con las estrategias de trabajo del Gobierno de Chile en la 11va Sesión del Grupo de Trabajo de Envejecimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del día 30 de marzo.

Durante año 2020, se recibieron más de 30.000 llamados, con un promedio de 150 consultas diarias, gestionando información y atención de salud, y entregando beneficios sociales a más de 8.000 personas mayores.

También se proporcionó apoyo psicológico a mas de 1.200 personas, con un promedio de 3 sesiones cada una. Por último, en más de 800 casos, se realizan acciones judiciales y de acompañamiento por maltrato. En lo que va del año, del total de llamados, más del 48% corresponde a problemáticas relacionadas con la salud mental, se han evidenciado más de 2.500 casos de situaciones de maltrato que han requerido asesoría legal, 648 llamados relacionados con violencia intrafamiliar y 194 casos por situaciones de abandono a personas mayores.

Sorpresa puede generar estos resultados, sin embargo, es importante señalar que la vulneración sistemática de los derechos humanos en salud mental de las personas mayores en Chile es una realidad histórica y escasamente visibilizada. Por ejemplo, el 11,2% de las personas mayores presenta diagnóstico de depresión siendo mayor la proporción en mujeres, y la tasa de suicidio es del 12,5%, con mayor prevalencia de los hombres y cerca del 7,1% en personas sobre 60 años y más del 35% sobre los 85 años presenta algún tipo de demencia (Minsal y Senama, 2020).

Esta situación solo ha empeorado por el impacto de la pandemia y las gestiones realizadas que no han logrado garantizar los derechos, viéndose mayormente afectado por la discriminación e inequidad socioeconómica en la que vive este grupo etario.

La última encuesta CASEN menciona que 22,1% de las personas mayores presenta pobreza multidimensional (incluye educación, trabajo, salud, vivienda y redes sociales), el 74% recibe jubilación donde el ingreso promedio es de $239.000 y de los cuales el 23% no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, teniendo que el 38,2% de las personas mayores viéndose en la obligación de seguir trabajando después de los 60 años, no necesariamente por interés sino porque debe satisfacer lo básico para vivir (Mideso, 2017).

Junto a esto, observamos ciertas políticas públicas viejistas –como las restricciones de desplazamiento para personas mayores de 75 años y la ausencia de capacitación para saldar la brecha digital existente en Chile– que han fomentado el aislamiento y exclusión de este grupo etario, afectando directamente su calidad de vida y por ende su salud mental.

Por lo tanto, los datos presentados por Senama no son algo nuevo, solo se ven reforzados por los reportes del DEIS del Ministerio de Salud (2021) que señalan un aumento en la cantidad de personas mayores con necesidades de atención en salud mental en todos los niveles de intervención, tanto primaria, secundaria como terciaria.

Todo lo anterior, no hace más que recalcar la urgencia de contar con una Ley de salud mental seria con enfoque de curso de vida, con un desarrollo a nivel legal, de políticas públicas, formación e investigación en temáticas salud mental en personas mayores que permita vivir la última etapa de nuestras vidas con dignidad. Ya lo decía Organización Mundial de la Salud (2001) que menciona la relevancia de contar con políticas, programas o servicios preparados para satisfacer estas necesidades para no desarrollar un doble estigma– unido a trastornos mentales y el envejecimiento– lo que obstaculiza el acceso a la asistencia de calidad, perpetuando y agravando estos problemas.

Esta realidad se está intentando cambiar con la creación de una Mesa Técnica de Salud Mental para las Personas Mayores en la que participan profesionales de diferentes áreas de la salud mental, Minsal y Senama (2020). Sin embargo, posterior a la publicación de sus primeras reflexiones, no se ha tenido nueva información al respecto, ni se han logrado articular de forma cercana con las organizaciones de la sociedad civil, observándose nuevamente la discontinuidad de las gestiones a nivel estatal.

Consideramos importante la iniciativa y rol del Fono Mayor y que se esté intentando pesquisar casos de personas mayores que enfrentan situaciones de vulneración de derechos y problemas de salud física-mental y psicosociales, sin embargo, surge la siguiente duda: ¿qué pasará con las personas mayores después de la pandemia? No se cuenta con la sensibilización de los equipos, no existe suficiente cobertura, la formación en este ámbito es insuficiente y escasa, los medios de comunicación y el sistema en general mantiene un modelo biomédico con una mirada asistencialista hacia las personas mayores, ¿cómo se le ofrecerán opciones de atención de calidad, oportuna y centrada en sus necesidades?

Por lo que desde GeroActivismo, hacemos un llamado a concientizar y darle urgencia a las gestiones, acciones tanto del ámbito de las políticas públicas, como del ámbito legislativo, para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas mayores de nuestro país, donde el diseñar leyes y políticas especializadas sirvan efectivamente para abordar de forma integral la salud mental y problemáticas psicosociales de las personas mayores, desde una perspectiva de curso de vida, comunitaria, de derechos, género e integrando a las personas y sociedad civil, tanto en su diseño, implementación y evaluación. En conclusión, es urgente tener respuestas por parte del Gobierno frente a estos cuestionamientos: ¿cuáles serán las medidas a seguir para abordar esta crisis de la salud mental, la cual se ha visto agravada en pandemia?

*Patricia Pinto Aguilar | *Agnieszka Bozanic Leal

Representantes Fundación GeroActivismo, con el apoyo por parte de Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores